Resumen: Reitera el trabajador la nulidad o subsidiaria injustificación de una MSC que considera vinculada a la situación de acoso al que habría estado sometido bajo un primer motivo de nulidad de actuaciones que la Sala examina (en aplicación al caso de la revisada doctrina jurisprudencial sobre la materia) con exclusión (en orden a la recurribilidad del pronunciamiento de instancia) del examen de cuestiones de mera legalidad ordinaria. Tras rechazar el déficit de motivación e incongruencia que fundamenta la pretendida nulidad de actuaciones, recuerda la Sala (desde la condicionante dimensión jurídica que ofrece un inalterado relato fáctico) los principios informadores de la garantía de indemnidad y del derecho del trabajador a no ser destinatario de acoso por parte de su empleador; advirtiendo sobre la inexistencia de relación alguna entre la impugnada decisión del empleador y su actuación previa, constatándose (ello sí) una diferencia de criterio con su superior jerárquico respecto a la distribución y ordenación de las tareas o funciones a desarrollar por el demandante. Como dato a considerar en contra del grave incumplimiento que imputa a su empleador se acredita igualmente como ante la queja del actor sobre su jefe de servicio activó éste el protocolo de acoso; descartándose (tras el informe elaborado por profesionales externos) la inexistencia de indicios de una actitud denigrante por parte del mismo.
Resumen: El objeto de este recurso es la Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería del Medio Rural, que confirma otra de la D.G. de Agricultura de la Consejería que acuerda, desestimar la ayuda solicitada al amparo de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas temporales y excepcionales a los sectores agrarios más desfavorecidos por la incidencia de la crisis del Covid-19, por incumplir el art. 5.7 de la Orden que indica que un de los requisitos para la obtención de ayuda es no ser empresa en crisis segun la definición recogida en el art. 2.14 do Reglamento (UE) nº 702/2014. El objeto de la controversia versa en dilucidar si la parte recurrente ha conseguido acreditar, con la declaración complementaria del Impuesto de Sociedades del ejercicio económico del año 2.019, que la situación financiera de la empresa no era deficitaria hasta tal punto de estar en crisis, y por consiguiente, podía ser beneficiaria de la ayuda. Pues bien, la prueba que aporta la empresa para demostrar que no estaba en crisis consiste únicamente en una declaración tributaria complementaria del Impuesto de Sociedades que se presenta ante la AEAT. "La Administración tributaria no estará obligada a ajustar la liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.
Resumen: Cuando el litisconsorcio se opone por la parte demandada, como aquí ocurrió, la excepción debe ser acogida, salvo que concurran muy justificadas razones para rechazarla, bien porque la inexistencia del litisconsorcio sea patente, bien porque obedezca a las finalidades que reprueba.La cuestión no debe analizarse en atención a si realmente existe la aludida responsabilidad solidaria, sino examinando un problema previo, que son los efectos que debe producir en un proceso la existencia de indicios sobre una empresa principal que contrató a la empleadora, a la que, por tanto, podría extenderse la responsabilidad por los salarios impagados. En concreto, en el supuesto de configurarse una responsabilidad solidaria, es evidente la dificultad que tiene el FOGASA para acreditar las circunstancias que permitan determinar las relaciones entre las empresas implicadas, de ahí que no pueda exigirse, a efectos de la excepción planteada, una prueba exhaustiva de tales circunstancias, bastando con la aportación de indicios de los que aparentemente y, en principio, pueda deducirse la realidad de la contrata.
Resumen: La empresa recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social, que reconoce el derecho de las demandantes a disfrutar de 15 y 8 días de vacaciones pendientes. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la petición de nulidad de actuaciones por inadecuación de procedimiento, pues lo que se trata de dilucidar no son los concretos días que deben disfrutarse de vacaciones, sino su derecho al descanso, por lo que no estamos ante una acción declarativa. Y, en segundo lugar, inadmite el recurso por no consta la afectación general exigible y ser su traducción económica inferior al límite legal.
